DE SALVAJADAS E ILEGALIDADES EN METRO DE MADRID
Los trabajadores de METRO de Madrid han decidido en su segundo y tercer día de huelga no respetar los servicios mínimos decretados por el Gobierno de la Comunidad.
Esta decisión ha sido calificada de salvaje e ilegal por dejar sin servicio a más de dos millones de usuarios.
Creo conveniente analizar el contexto del conflicto y las experiencias de otras huelgas para juzgar con más criterio la decisión democrática tomada por los trabajadores.
En primer lugar, METRO es una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, es decir, se rige por las normas laborales, económicas y mercantiles de cualquier empresa privada y tiene una Dirección legalmente responsable, nombrada por el Gobierno Regional.
Por ello, las relaciones laborales entre los empleados de METRO y su Dirección se soportan en la misma legislación que las de cualquier empresa privada y las condiciones de trabajo están reguladas por Convenio Colectivo de empresa, que tiene rango de ley como cualquier otro Convenio Colectivo de este país.
En conclusión: que los trabajadores de METRO no son funcionarios ni tienen las mismas condiciones legales y labores que los trabajadores que dependen directamente de la Comunidad.
En segundo lugar, cuando se convoca una huelga en cualquier empresa privada de servicios, los servicios mínimos pueden ser acordados entre la Dirección de la empresa y el Comité de Huelga.
En caso de no haber acuerdo, es la Administración competente la que, en función del tipo de servicio, determina los servicios mínimos. Si alguna de las partes no está de acuerdo con este decreto cabe el recurso legal. Lo malo de este recurso es que cuando sale el pronunciamiento ha pasado como mínimo un año y no sirve de nada si es declarado ilegal o abusivo.
Este conflicto en METRO de Madrid comienza cuando la Presidenta de la Comunidad, (esa mujer definida por ella misma como pobre de pedir) decide quién tiene que ser solidario y quién no y, (a pesar de que el decreto del Gobierno de Zapatero expresa con claridad que los trabajadores de las empresas públicas quedan excluidos del recorte en los salarios, precisamente por tener Convenio Colectivo propio) decide aplicar el recorte del 5% a los salarios de sus trabajadores y trabajadoras.
Esto supone que, aunque los trabajadores consiguieron firmar un Convenio con su Dirección de la empresa con una subida salarial, meses después de este acuerdo la Presidenta decide de forma unilateral que esa subida se transforma en una rebaja, por el artículo treinta y tres.
A la Presidenta no le importa lo más mínimo que los Convenios Colectivos tengan rango de Ley y tomó una decisión sabiendo que es ilegal, pero que para cuando haya sentencia habrán pasado varios años y vete a saber qué otros problemas tendremos.
Ante esta salvajada los trabajadores declaran tres jornadas de huelga. La empresa tiene instrucciones de no acordar servicios mínimos y así es ella quién los decreta.
Toma la decisión de exigir un 50% de servicios mínimos, aún sabiendo que son ilegales porque así se lo han expresado repetidas sentencias en anteriores huelgas, pero para cuando esto vuelva a ocurrir, este conflicto ya estará en otra fase.
Con este decreto la Presidenta ONG gana pase lo que pase. Si los trabajadores cumplen, la huelga queda devaluada y sin repercusión. Si no cumplen, les echamos a dos millones de usuarios encima.
¿Qué con la decisión de no cumplir los servicios mínimos los trabajadores y trabajadoras de METRO han incumplido un decreto?, de acuerdo.
Pero ellos saben que les puede costar el puesto de trabajo y asumen el riesgo.
Lo asumen esta vez porque el ataque no tiene precedentes. Si la Presidenta ONG se sale con la suya ¿qué valor tendrán a partir de ahora los acuerdos con la Dirección de METRO? ¿Qué seguridad les espera a los trabajadores y trabajadoras?
La pregunta que me hago es ¿qué precio pagará y cuándo la Presidenta ONG por saltarse lo regulado en Convenio Colectivo y por volver a decretar los mismos servicios mínimos que ya le han sido declarados ilegales en repetidas ocasiones?
Se siente impune y esa impunidad le lleva a ignorar a los demás y a menospreciarlos.
Somos decenas de miles los trabajadores y trabajadoras de Madrid que analizamos que el METRO no lo cogen ni los consejeros, ni los empresarios, ni los banqueros, ni los poseedores de palacios y grandes propiedades a los que les perdonamos los impuestos.
El METRO es una herramienta de los obreros, de los curritos de esos a los que si llegan tarde a trabajar les descuentan el sueldo o los despiden.
Doña ONG ha pensado que, tal y como están las cosas, con un poco de calentamiento previo, esos obreros mismos se encargan de poner en su sitio a los trabajadores de METRO. Así pues, a calentar: que si son insolidarios, que si nos chantajean, que si son privilegiados…
Pero los trabajadores no somos tan absurdos ni tan cortitos. Yo me imagino cómo me sentiría si mañana en mi empresa alguien decidiera que me bajan el sueldo por que sí, después de meses de lucha para conseguir un Convenio, mientras ese alguien le perdona las facturas a sus amigotes y se van de comilonas y copas con mis pelas.
Es el momento de dejar de ser equidistantes en los conflictos.
Cuando no hay acuerdo en METRO siempre pagamos los mismos, los usuarios. Pero hay veces como esta, en la que no podemos poner el mismo grado de responsabilidad en el conflicto a las dos partes. Comunidad y trabajadores tienen responsabilidad en la paralización del servicio, pero no podemos echarle la culpa al agredido (trabajadores y trabajadoras de METRO) por defenderse de una salvajada ilegal.
Esta decisión ha sido calificada de salvaje e ilegal por dejar sin servicio a más de dos millones de usuarios.
Creo conveniente analizar el contexto del conflicto y las experiencias de otras huelgas para juzgar con más criterio la decisión democrática tomada por los trabajadores.
En primer lugar, METRO es una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, es decir, se rige por las normas laborales, económicas y mercantiles de cualquier empresa privada y tiene una Dirección legalmente responsable, nombrada por el Gobierno Regional.
Por ello, las relaciones laborales entre los empleados de METRO y su Dirección se soportan en la misma legislación que las de cualquier empresa privada y las condiciones de trabajo están reguladas por Convenio Colectivo de empresa, que tiene rango de ley como cualquier otro Convenio Colectivo de este país.
En conclusión: que los trabajadores de METRO no son funcionarios ni tienen las mismas condiciones legales y labores que los trabajadores que dependen directamente de la Comunidad.
En segundo lugar, cuando se convoca una huelga en cualquier empresa privada de servicios, los servicios mínimos pueden ser acordados entre la Dirección de la empresa y el Comité de Huelga.
En caso de no haber acuerdo, es la Administración competente la que, en función del tipo de servicio, determina los servicios mínimos. Si alguna de las partes no está de acuerdo con este decreto cabe el recurso legal. Lo malo de este recurso es que cuando sale el pronunciamiento ha pasado como mínimo un año y no sirve de nada si es declarado ilegal o abusivo.
Este conflicto en METRO de Madrid comienza cuando la Presidenta de la Comunidad, (esa mujer definida por ella misma como pobre de pedir) decide quién tiene que ser solidario y quién no y, (a pesar de que el decreto del Gobierno de Zapatero expresa con claridad que los trabajadores de las empresas públicas quedan excluidos del recorte en los salarios, precisamente por tener Convenio Colectivo propio) decide aplicar el recorte del 5% a los salarios de sus trabajadores y trabajadoras.
Esto supone que, aunque los trabajadores consiguieron firmar un Convenio con su Dirección de la empresa con una subida salarial, meses después de este acuerdo la Presidenta decide de forma unilateral que esa subida se transforma en una rebaja, por el artículo treinta y tres.
A la Presidenta no le importa lo más mínimo que los Convenios Colectivos tengan rango de Ley y tomó una decisión sabiendo que es ilegal, pero que para cuando haya sentencia habrán pasado varios años y vete a saber qué otros problemas tendremos.
Ante esta salvajada los trabajadores declaran tres jornadas de huelga. La empresa tiene instrucciones de no acordar servicios mínimos y así es ella quién los decreta.
Toma la decisión de exigir un 50% de servicios mínimos, aún sabiendo que son ilegales porque así se lo han expresado repetidas sentencias en anteriores huelgas, pero para cuando esto vuelva a ocurrir, este conflicto ya estará en otra fase.
Con este decreto la Presidenta ONG gana pase lo que pase. Si los trabajadores cumplen, la huelga queda devaluada y sin repercusión. Si no cumplen, les echamos a dos millones de usuarios encima.
¿Qué con la decisión de no cumplir los servicios mínimos los trabajadores y trabajadoras de METRO han incumplido un decreto?, de acuerdo.
Pero ellos saben que les puede costar el puesto de trabajo y asumen el riesgo.
Lo asumen esta vez porque el ataque no tiene precedentes. Si la Presidenta ONG se sale con la suya ¿qué valor tendrán a partir de ahora los acuerdos con la Dirección de METRO? ¿Qué seguridad les espera a los trabajadores y trabajadoras?
La pregunta que me hago es ¿qué precio pagará y cuándo la Presidenta ONG por saltarse lo regulado en Convenio Colectivo y por volver a decretar los mismos servicios mínimos que ya le han sido declarados ilegales en repetidas ocasiones?
Se siente impune y esa impunidad le lleva a ignorar a los demás y a menospreciarlos.
Somos decenas de miles los trabajadores y trabajadoras de Madrid que analizamos que el METRO no lo cogen ni los consejeros, ni los empresarios, ni los banqueros, ni los poseedores de palacios y grandes propiedades a los que les perdonamos los impuestos.
El METRO es una herramienta de los obreros, de los curritos de esos a los que si llegan tarde a trabajar les descuentan el sueldo o los despiden.
Doña ONG ha pensado que, tal y como están las cosas, con un poco de calentamiento previo, esos obreros mismos se encargan de poner en su sitio a los trabajadores de METRO. Así pues, a calentar: que si son insolidarios, que si nos chantajean, que si son privilegiados…
Pero los trabajadores no somos tan absurdos ni tan cortitos. Yo me imagino cómo me sentiría si mañana en mi empresa alguien decidiera que me bajan el sueldo por que sí, después de meses de lucha para conseguir un Convenio, mientras ese alguien le perdona las facturas a sus amigotes y se van de comilonas y copas con mis pelas.
Es el momento de dejar de ser equidistantes en los conflictos.
Cuando no hay acuerdo en METRO siempre pagamos los mismos, los usuarios. Pero hay veces como esta, en la que no podemos poner el mismo grado de responsabilidad en el conflicto a las dos partes. Comunidad y trabajadores tienen responsabilidad en la paralización del servicio, pero no podemos echarle la culpa al agredido (trabajadores y trabajadoras de METRO) por defenderse de una salvajada ilegal.
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