BENEFICIARIO Y SUMISO

Hoy he recibido una carta a nombre de mi hijo en la que el mismísimo Presidente de la Comunidad de Madrid le comunicaba que ha sido beneficiario de una beca de 1.800 euros por estudiar Formación Profesional de grado superior en un centro privado “autorizado”.

Mi hijo ha sido uno de esos 18.000 jóvenes que este curso se ha quedado sin poder realizar la Formación Profesional en un centro público, pese a haber presentado seis opciones. Se ha visto obligado a elegir entre no formarse o pagar 7.000 euros de matrícula en un centro privado. En la familia decidimos afrontar ese coste.

En su afán por aliviar la carga económica del curso y animado por la secretaría del centro, decide optar a una beca por si pudiera sufragar una parte.

Y aunque la lógica diría que no debería cobrarla porque los ingresos familiares son de esos que algunos llaman privilegiados, he aquí que recibe la carta del Presidente felicitándole por su suerte.

La causa se encuentra en la misma norma de adjudicación de becas.

Importe de las becas:

• Aquellos beneficiarios que tengan una renta per cápita hasta 5.590 euros habrán obtenido una beca de 2.900 euros para todo el curso escolar.

• Aquellos beneficiarios que tengan una renta per cápita de 5.590,01 euros hasta 7.455 euros habrán obtenido una beca de 2.500 euros para todo el curso escolar.

• Aquellos beneficiarios que tengan una renta per cápita de 7.455,01 euros hasta 9.318 euros  habrán obtenido una beca de 2.100 euros para todo el curso escolar.

• Aquellos beneficiarios que tengan una renta per cápita de más de 9318,01 euros habrán  obtenido una beca de 1.800 euros para todo el curso escolar.

• Aquellos beneficiarios que hayan acreditado ser perceptores de la Renta Mínima de Inserción o encontrarse la familia en una especial situación socioeconómica justificada mediante informe de los Servicios Sociales Municipales, habrán  obtenido una beca de 3.500 euros para todo el curso escolar.

Solamente se tiene en cuenta, a la hora de conceder las becas, la capacidad económica de la unidad familiar.

Al contrario que en la escuela pública, no es necesario historial académico, ni baremos sociales. Con presentar la matrícula y la declaración de la renta, siempre que el centro sea “autorizado”, te asignan directamente tu beca.

Es una burla en toda regla.

El remate viene en el párrafo final de la carta en el que el ínclito informa de que “la Comunidad de Madrid sigue realizando un gran esfuerzo para prestar su apoyo a los alumnos y sus familias, por lo que en los próximos dos años destinaremos 22 millones de euros a becas para estudios de formación de grado superior, para favorecer la libre elección y la igualdad de oportunidades en el acceso a una FP de calidad…”

Es una burla que rematan con una mentira.

Igualdad de oportunidades… ¿Cuántos jóvenes de esos 18.000 se habrán quedado sin estudiar Formación Profesional de grado superior por no poder sus familias, ni siquiera plantearse que lo hicieran en un centro privado? ¿Es el mismo esfuerzo el que realiza una familia que ingresa 20.000 euros que la que ingresa 200.000?

Libre elección… ¿Cuántos alumnos y alumnas que hoy están en la privada habían elegido pública y se han quedado sin plaza?

Han creado un escenario en el que ganan las empresas “autorizadas” porque les generan alumnos y alumnas que de otra manera no serían “clientes” suyos.

En el que ganan las familias con ingresos altos y que, de todas formas, iban a optar por centros privados para la formación de sus vástagos, cuestión legítima si no se llevaran una parte del dinero público robado de la pública.

En el que pierden indudablemente las familias más pobres que, además de sentir el pesar de no poder pagar estudios de FP a sus jóvenes, se ven humilladas con la oferta de subvencionarles 3500 euros si ellos dejan de comer, de pagar agua, luz, gas para pagar los otros 3500.

En el que pierden las familias que defienden la pública y que se ven obligados a hacer un gran esfuerzo para conseguir pagar esas cuotas.

En el que pierden decenas de profesores y profesoras que ven peligrar su puesto de trabajo.

En el que pierde toda la sociedad que paga impuestos, porque una parte de ellos “se abonará directamente al centro donde cursan sus estudios”  (sic) los que sí pueden pagarlos.

Señor Presidente: Yo no me siento beneficiario sino víctima.

Es verdad que, menos víctima que los que se han quedado sin opción para formarse, que los que se han quedado sin beca para comedor de sus hijos, que los que no pueden pagar el material escolar, ni el transporte. Menos víctima que el profesorado que se ha quedado en la calle por su política de concentración y cierre de aulas. Menos víctima que los trabajadores de los servicios de comedor y apoyo escolar que ha fulminado con sus recortes.

Señor Presidente: Le exijo que devuelva esos 22 millones a la Escuela Pública y los utilice en paliar las situaciones que acabo de mencionar. Ya decidiremos nosotros  si nos mantenemos o no en su centro “autorizado”.